Soy Antonio Rodas, abogado penalista, y los delitos de incendio (arts. 351 a 358 bis CP) tienen la horquilla penal más vertiginosa del Código: de una multa por imprudencia leve a veinte años de prisión si hubo peligro para la vida. Entre un extremo y otro median dos cuestiones esencialmente periciales: cómo se originó el fuego y si existió peligro real para las personas.
Defiendo a personas investigadas por incendios forestales y urbanos —agricultores por quemas que se descontrolaron, propietarios señalados por incendios con sospecha de fraude, acusados por prueba indiciaria débil— y represento a perjudicados que necesitan que el origen del fuego se investigue de verdad. En toda España, con especial conocimiento del medio rural.
El art. 351 castiga provocar un incendio que comporte peligro para la vida o integridad física de las personas con prisión de 10 a 20 años; si el peligro para las personas no existió, los hechos se reconducen a los daños del art. 266. Los incendios forestales (arts. 352-354) tienen régimen propio: prisión de 1 a 5 años y multa, elevada a 3 a 6 años si hubo peligro para las personas, con agravaciones por afectar a espacios protegidos o generar grandes superficies quemadas, y castigo incluso del fuego que no llega a propagarse (354). Los incendios en bienes propios (art. 357) son punibles si perjudican a terceros o buscan defraudar —el incendio para cobrar el seguro—, y la comisión imprudente grave (art. 358) recorre todo el capítulo con penas inferiores.
Esa arquitectura convierte dos preguntas periciales en el centro de toda causa: ¿fue intencionado, imprudente o fortuito?, y ¿hubo peligro concreto para personas?
Los informes de las brigadas de investigación de incendios reconstruyen el punto de inicio, la geometría de propagación y los indicios de intencionalidad (acelerantes, focos múltiples, artefactos). Son informes técnicos serios pero no infalibles: trabajan sobre escenarios arrasados, con inferencias discutibles que la contrapericial debe auditar. En incendios forestales, además, la autoría se construye a menudo por pura prueba indiciaria —presencia en la zona, móvil, antecedentes de conflicto— que exige el rigor de toda condena indiciaria: indicios plurales, acreditados y unívocos.
Buena parte de estas causas nacen de actividades rurales legítimas que se tuercen: quemas agrícolas autorizadas o no, maquinaria que produce chispas, líneas y desbrozadoras. Ahí la batalla es la imprudencia y su grado —grave o menos grave—, las autorizaciones y condiciones meteorológicas del día, y una responsabilidad civil que puede ser astronómica: la extinción, los terrenos ajenos y las indemnizaciones se tasan en cifras que arruinan. Defender estos asuntos incluye pelear la cuantificación y activar los seguros agrarios y de responsabilidad civil desde el primer día.
Si te investigan por un incendio: no declares sin conocer el informe de origen y causa; reconstruye tu jornada con elementos objetivos (geolocalización, llamadas, testigos, tickets); si fue una quema o actividad propia, reúne autorizaciones, condiciones del día y medidas que adoptaste; y comunica el siniestro a tus seguros de inmediato.
Si el fuego te ha causado daños: persónate para impulsar la investigación del origen —los atestados genéricos archivan causas que una pericial de parte habría resuelto—, documenta pérdidas con fotografías e inventarios tempranos y reclama dentro del procedimiento penal la responsabilidad civil completa, incluida la del asegurador del responsable.
Estas figuras aparecen con frecuencia conectadas en una misma causa o como calificaciones alternativas. Consulta también:
