Las penas por el delito de alcoholemia en España dependen de la tasa medida, de cómo se conducía y de cómo avanza el procedimiento. La conducta pasa a la vía penal con el artículo 379.2, que fija prisión, multa o trabajos comunitarios junto con la privación del permiso, y el juicio rápido deja margen para reducir la pena.
El artículo 379.2 del Código Penal castiga dos conductas distintas: superar una tasa fijada por la ley o conducir bajo los efectos del alcohol cuando esa influencia queda acreditada. Ambas son un delito contra la seguridad vial. Frente a ellas está la infracción administrativa, que se rige por límites más bajos y por otras sanciones.
La primera modalidad funciona como un umbral objetivo. Si se supera, el delito queda integrado aunque la conducción fuera correcta en apariencia. Estos son sus elementos:
El matiz está en la palabra «superior». Un resultado de exactamente 0,60 mg/l no rebasa por sí solo el umbral, porque el Código Penal exige una cifra mayor.
Por debajo de 0,60 mg/l también puede haber delito de alcoholemia, pero entonces la acusación debe acreditar que el alcohol influyó en la conducción. Superar el límite administrativo no basta para condenar penalmente. Una tasa de 0,40 mg/l, por ejemplo, adquiere relevancia penal solo si se prueba esa influencia.
A partir de esa cifra, la Circular 10/2011 de la Fiscalía General del Estado indica que normalmente se ejerce la acción penal cuando concurren síntomas de embriaguez o anomalías en la conducción. Por debajo de 0,40 mg/l, la reserva para supuestos excepcionales. En la práctica procesal, maniobras y síntomas sirven para probar la influencia: no crean un nuevo umbral legal.
Una vez descartado el delito, opera la vía de tráfico. A 5 de octubre de 2026, el límite general es 0,25 mg/l en aire espirado o 0,5 g/l en sangre; para determinados profesionales y durante los 2 primeros años de permiso, 0,15 mg/l o 0,3 g/l. Los menores de edad tienen un límite de 0,00. La propuesta de bajar el límite a 0,10 mg/l no está en vigor.
Cada tramo de tasa de alcohol tiene su multa administrativa y su pérdida de puntos, como recoge la tabla. Así, 0,51 mg/l puede suponer 1.000 € y 6 puntos sin constituir por sí solo el delito objetivo.
| Tasa en aire espirado | Conductor general | Conductor con límite de 0,15 mg/l |
| Más de 0,15 y hasta 0,30 mg/l | Sin sanción | 500 € y 4 puntos |
| Más de 0,25 y hasta 0,50 mg/l | 500 € y 4 puntos | 1.000 € y 6 puntos (por encima de 0,30 mg/l) |
| Más de 0,50 y hasta 0,60 mg/l | 1.000 € y 6 puntos | 1.000 € y 6 puntos |
| Más de 0,60 mg/l | Delito por tasa objetiva | Delito por tasa objetiva |
Una vez establecido que existe delito, las consecuencias penales se fijan en el propio artículo 379.2. La ley no impone una única pena: ofrece tres alternativas y el juez elige una, siempre acompañada de la pérdida del permiso.
Las tres penas principales son alternativas, no acumulativas. El juez impone una sola de ellas, nunca las tres a la vez por este artículo.
Su duración está tasada en el artículo 379.2 del Código Penal:
La tasa sitúa el caso en el delito, pero no elige la pena. Un resultado de 0,70 mg/l supera el umbral objetivo y, aun así, no determina cuál de las tres alternativas se impondrá ni supone ingresar en prisión de forma automática.
No necesariamente. Cuando se impone prisión por alcoholemia, el juez puede suspender su ejecución de forma motivada si se cumplen los requisitos legales.
Esa suspensión cabe para penas privativas de libertad no superiores a 2 años, un límite que la pena del artículo 379.2 no alcanza. El juez valora, entre otras circunstancias, los antecedentes del condenado, la duración de la pena y el esfuerzo por reparar el daño.
Si la concede, fija un plazo de suspensión de 2 a 5 años. Durante ese tiempo la pena queda en suspenso, sujeta a las condiciones que establezca la resolución.
Dentro de cada horquilla, la pena se individualiza según el hecho y el autor, con las reglas generales sobre atenuantes y agravantes: el artículo 379.2 no tiene una lista propia. La Circular 10/2011 añade que la intensidad de los síntomas y de las maniobras puede pesar en esa individualización. La reincidencia, en cambio, exige una condena anterior vigente conforme al artículo 22.8; una sanción administrativa previa no basta.
El cálculo de la multa penal poco tiene que ver con las cifras de tráfico. El Código Penal la mide en tiempo y la traduce después a dinero.
El sistema de días-multa multiplica el número de cuotas por la cuota diaria que fija el juez. Cada mes de multa equivale a 30 días, de modo que la horquilla del artículo 379.2 representa entre 180 y 360 cuotas diarias.
A partir de ahí, el Código Penal fija para las personas físicas una cuota diaria de entre 2 y 400 €. El importe final resulta de combinar ambos factores.
La cuota se fija atendiendo exclusivamente a la situación económica del condenado. El juez la deduce de su patrimonio, ingresos, obligaciones, cargas familiares y demás circunstancias personales.
Por eso dos personas condenadas a la misma duración pueden pagar cantidades distintas. La tasa de alcohol no fija por sí sola lo que se paga: lo determina la capacidad económica acreditada.
Un caso concreto lo ilustra. La condena examinada en la STC 40/2024 incluía 7 meses de multa con una cuota de 6 € diarios. Llevaba además 1 año y 1 mes de privación del permiso, cifras propias de ese asunto y no una tarifa general.
Por causa justificada, el tribunal puede autorizar el pago de una vez o en plazos. El máximo es de 2 años desde la firmeza de la sentencia.
Otra resolución muestra la variación entre casos. En 2025, el Juzgado de lo Penal n.º 17 de Valencia impuso 9 meses de multa a 10 € diarios y 2 años de privación del permiso, en una sentencia que fue recurrida.
Frente a la sanción administrativa, de importe predeterminado, la multa penal responde a otro sistema. Pagarla tampoco convierte la condena en una infracción de tráfico.
Sea cual sea la pena principal, toda condena por el artículo 379.2 incluye la privación del derecho a conducir. Para muchos condenados es la consecuencia que más afecta a su vida diaria.
La privación se extiende a vehículos a motor y ciclomotores, y su duración depende de lo que acuerde la sentencia dentro de los márgenes legales:
Esa repercusión laboral llegó al Tribunal Supremo en la STS 118/2026, de 11 de febrero, que examinó un caso en el que el condenado invocaba su condición de conductor profesional.
La pérdida de puntos es administrativa; la privación judicial es una pena. Antes de la sentencia, el juzgado puede acordar en las diligencias urgentes la retirada cautelar del permiso, una medida provisional distinta de la privación definitiva.
La diferencia alcanza también al registro. Una sanción de tráfico no genera antecedentes penales, mientras que una condena firme sí los genera mientras sigan vigentes, una de las consecuencias legales que Antonio Rodas Abogado analiza en la defensa penal por alcoholemia en Badajoz.
El artículo 136 del Código Penal permite solicitar la cancelación una vez extinguida la responsabilidad penal y transcurrido sin delinquir el plazo correspondiente. Los plazos son 6 meses para penas leves y 2 años para penas no superiores a 12 meses o por delitos imprudentes. Para las restantes penas menos graves, 3 años si son inferiores a 3 años y 5 años si los alcanzan; para las graves, 10 años.
Determinar el plazo exige examinar la condena concreta. Se computa desde la extinción de la pena, no desde el control de alcoholemia.
Estos asuntos pueden tramitarse por el procedimiento penal de enjuiciamiento rápido. Su ritmo condiciona la defensa y abre la posibilidad de reducir la pena mediante un acuerdo.
El artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite el juicio rápido por alcoholemia cuando hay atestado policial y una instrucción previsiblemente sencilla. El recorrido sigue estas fases:
La comparecencia ante el juzgado de guardia es el primer momento decisivo, y Antonio Rodas Abogado presta la defensa en juicios rápidos en Badajoz desde esa fase.
Cuando se supera el límite o hay síntomas evidentes, la prueba de alcoholemia exige una segunda medición separada de la primera por al menos 10 minutos. El conductor puede formular observaciones y pedir una prueba de contraste. El etilómetro debe pasar una verificación periódica cada 1 año según la Orden ICT/155/2020, modificada por la Orden ITU/1475/2024 con efectos desde el 16 de enero de 2025.
Con un resultado próximo a 0,60 mg/l, revise en el atestado ambas mediciones y sus horas, la documentación metrológica y el margen de error, que la Circular 10/2011 pide aplicar a las dos pruebas. Los síntomas y maniobras descritos completan el análisis, igual que el requerimiento de las pruebas de alcoholemia que conste.
El artículo 801 permite dictar sentencia de conformidad en el juzgado de guardia si no hay acusación particular y el Ministerio Fiscal ha pedido la apertura del juicio oral y presentado acusación. La reducción es de un tercio de la pena solicitada, incluso por debajo del mínimo: una multa de 6 meses puede quedar en 4 meses.
Aceptarla no es obligatorio. Supone reconocer los hechos y una condena que puede generar antecedentes, de modo que conviene contrastarla con la solidez de las pruebas; sin conformidad válida, el asunto continúa hacia el juicio oral.
Si no hay delito, la Ley de Tráfico prevé 1.000 € al superar el doble de la tasa permitida o con una sanción por alcohol en el año anterior. A 5 de octubre de 2026 rigen 0,25 mg/l con carácter general, 0,15 mg/l para noveles y determinados profesionales y 0,00 para menores. Tras el rechazo de marzo de 2026, una nueva proposición para bajar a 0,10 mg/l se tomó en consideración el 29 de septiembre (173 votos a favor) y sigue en tramitación.
Una recopilación jurisprudencial del BOE recoge un caso así en el que no pudo afirmarse que se superara el umbral objetivo. El Tribunal Supremo ha tratado el margen y el redondeo con tres decimales, y la Circular 10/2011 indica aplicar el margen máximo normativo si faltan los datos del etilómetro.
Según la Ley de Tráfico, si el contraste resulta positivo su coste corresponde al interesado; si resulta negativo, se le devuelve el depósito. Cuando se hace con sangre, la identificación, conservación y trazabilidad de la muestra pueden tener consecuencias probatorias.
