El delito fiscal empieza a partir de una cuantía defraudada superior a 120.000 € por impuesto y período, y el tipo agravado se aplica por encima de 600.000 € o cuando concurren determinadas formas de ocultación. Aquí se detallan esos umbrales, el cálculo y la discusión de la cuota, las penas, los plazos de prescripción y el efecto del pago sobre la responsabilidad penal.
El Código Penal separa el incumplimiento tributario del delito con una cifra y con una exigencia de intención. Para la persona investigada, ambos elementos cuentan: la cifra decide si el caso puede llegar al juzgado y la intención decide si termina en condena.
El artículo 305.1 del Código Penal exige que la cuantía defraudada supere los 120.000 €. Ese límite se aplica al delito contra la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, y se interpreta de forma estricta:
Una vez fijada la cifra, el artículo 305 describe varias formas de fraude fiscal contra la Hacienda Pública. No se limita a quien deja de pagar un impuesto: también abarca a quien recibe de la Administración lo que no le corresponde.
Presentar declaraciones o autoliquidaciones no excluye por sí solo el fraude fiscal cuando otros hechos lo acreditan. La ocultación de ingresos es una de las formas posibles de evasión, una práctica que también aborda la lucha contra la elusión fiscal en la UE.
A partir de ahí entra en juego el elemento subjetivo. Superar los 120.000 € no convierte por sí solo una discrepancia con Hacienda en delito fiscal: la acusación debe probar el dolo, es decir, una conducta defraudatoria consciente por acción u omisión.
En cambio, un error contable o una interpretación razonable de la norma no acreditan por sí mismos la intención de defraudar. Por eso conviene reunir los informes y correos de los asesores fiscales de la época, que pueden documentar el criterio técnico seguido.
Una vez establecido el umbral, todo depende de cómo se mide la cifra. La cuota se calcula conforme a reglas legales precisas y puede discutirse técnicamente: la cifra indicada por la AEAT no queda fijada sin más.
En los tributos, retenciones, ingresos a cuenta y devoluciones de carácter periódico, el artículo 305.2 calcula lo defraudado en cada período impositivo o de declaración. Si ese período dura menos de doce meses, la cuantía se refiere al año natural: un trimestre de IVA no es, por sí solo, la unidad ordinaria para comprobar el umbral.
Por regla general, cada impuesto y cada ejercicio fiscal se examinan por separado. Dejar de ingresar 75.000 € en 2023 y 70.000 € en 2024 no permite sumar ambas cifras para apreciar el delito. La excepción alcanza a las organizaciones o grupos criminales y a las entidades que aparentan una actividad económica inexistente: en esos casos puede perseguirse el delito en cuanto se alcanza la cuantía legal, sin esperar al cierre del período.
Frente a la tentación de tomar la cifra más alta del expediente, la cuota defraudada no equivale necesariamente a la facturación no declarada, a los ingresos brutos ocultados, al patrimonio ni a la suma de las deudas pendientes. Tampoco se añaden sin más los intereses de demora, los recargos o las sanciones para alcanzar el umbral penal.
El cálculo contrasta lo que correspondía ingresar con lo ingresado, aplicando las deducciones y ajustes procedentes; los gastos rechazados, la imputación temporal, los regímenes especiales y las valoraciones pueden alterar el resultado. La STS de 14 de noviembre de 2024, recurso 1595/2022, obliga a descontar lo pagado indebidamente por otro concepto, y la STS 499/2016 rechaza calcular el IVA defraudado a partir de operaciones aisladas sin examinar toda la actividad del período.
Si aprecia indicios de delito, la Administración Tributaria puede liquidar por separado los elementos vinculados al posible delito y los que no lo están. Cuando procede una liquidación vinculada, se conceden 15 días naturales desde el día siguiente a la notificación de la propuesta para formular alegaciones.
Esa liquidación no admite una reclamación administrativa ordinaria sobre el fondo: la cuota se discute en el proceso penal, y el tribunal la determina sin quedar vinculado por la cifra de la AEAT. Una pericial contable contradictoria puede examinar declaraciones, facturas, registros bancarios y deducciones discutidas, tanto en la defensa por delito fiscal en Badajoz como en la defensa por delito fiscal en Mérida.
Frente al tipo básico, el artículo 305 bis eleva la respuesta penal cuando la defraudación alcanza una cifra mayor o se comete con medios que dificultan su descubrimiento. Cada circunstancia tiene requisitos propios que la acusación debe probar.
La primera es cuantitativa: la cuota debe exceder de 600.000 €, de modo que alcanzar exactamente esa cifra no basta. La segunda se aplica cuando la defraudación se comete en el seno de una organización o grupo criminal, aunque la cuota no supere ese límite. La tercera consiste en emplear personas o entidades interpuestas, negocios fiduciarios o paraísos fiscales para ocultar al obligado tributario, dificultar el cálculo de la cuota o impedir localizar su patrimonio.
Las tres circunstancias son alternativas: basta acreditar una para aplicar el tipo agravado. Ahora bien, tener activos o cuentas en el extranjero, o utilizar una entidad extranjera, no demuestra por sí solo la ocultación cualificada que exige la norma.
Mismo principio en las otras dos: una pluralidad de intervinientes no constituye automáticamente una organización criminal, ni toda sociedad interpuesta implica ocultación cualificada. Estas distinciones forman parte de la defensa penal en delitos contra la Hacienda Pública, articulada sobre un precepto que la Ley Orgánica 7/2012 incorporó y que entró en vigor el 17 de enero de 2013.
Determinado el tipo aplicable, las consecuencias combinan prisión, multa proporcional a la cuota y pérdida de ayudas. A ello se suman plazos de prescripción distintos en la vía penal y en la tributaria.
El tipo básico se castiga con pena de prisión de uno a cinco años y con multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada. La multa no es un porcentaje fijo, sino un múltiplo de la cuota que el juez concreta dentro de esa horquilla.
| Consecuencia | Tipo básico (art. 305) |
| Prisión | De 1 a 5 años |
| Multa | Del tanto al séxtuplo de la cuota |
| Ejemplo con cuota de 150.000 € | Multa de 150.000 € a 900.000 €, antes de su determinación judicial |
| Pérdida de subvenciones o ayudas públicas y de incentivos fiscales o de la Seguridad Social | De 3 a 6 años |
Además de la pena, la responsabilidad civil comprende la deuda tributaria que la Administración no haya podido liquidar por prescripción u otra causa legal, incluidos sus intereses de demora.
Cuando concurre alguna circunstancia del artículo 305 bis, el marco penal se desplaza hacia arriba en todos sus componentes:
La sociedad responde penalmente solo si se cumplen los requisitos del artículo 31 bis. Sus consecuencias son distintas de las penas que puedan imponerse a sus administradores.
El delito básico prescribe, como regla general, a los cinco años y el agravado a los diez. El inicio del cómputo y sus interrupciones se examinan conforme al artículo 132 del Código Penal vigente. En cambio, la Ley General Tributaria fija un plazo general de cuatro años para liquidar la deuda y exigir su pago, distinto de la prescripción penal.
El fraude a la Seguridad Social sigue un régimen propio. El artículo 307 bis lo agrava, entre otros casos, cuando la cuantía supera los 120.000 €, con prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo.
Frente a esas penas, el pago de la deuda produce efectos muy distintos según el momento en que se realiza. En la práctica procesal, la misma cantidad puede excluir la responsabilidad o solo atenuarla.
El artículo 305.4 permite excluir la responsabilidad penal si el obligado reconoce y paga por completo la deuda tributaria antes de recibir la notificación de actuaciones de comprobación o investigación dirigidas a determinarla. Para que la regularización surta ese efecto, deben respetarse estas condiciones:
Si ya no cabe la regularización exoneradora, el artículo 305.6 permite al juez imponer una pena inferior en uno o dos grados. Para ello, la deuda debe pagarse y los hechos reconocerse judicialmente antes de que transcurran dos meses desde la citación como investigado.
Esa rebaja también puede alcanzar a otros partícipes que colaboren activamente para obtener pruebas decisivas sobre los responsables, los hechos o el patrimonio vinculado al delito. Al mismo tiempo, la persona investigada conserva sus derechos: conocer los hechos atribuidos, examinar las actuaciones antes de declarar, designar abogado, guardar silencio y no confesarse culpable.
Por eso, Antonio Rodas Abogado estudia conjuntamente el expediente administrativo y el penal y contrasta la cuota con una pericial propia. Antes de definir la estrategia, valora el momento, el alcance y la documentación de cualquier pago.
El artículo 305.3 del Código Penal fija un umbral de más de 100.000 € en un año natural. Para cuantías superiores a 10.000 € que no excedan de 100.000 €, prevé prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo. A esa modalidad se añade la pérdida de ayudas y beneficios durante seis meses a dos años.
Sí. El artículo 310 regula delitos contables distintos, y el falseamiento u omisión de la contabilidad obligatoria puede ser penalmente relevante por debajo de ese umbral. Además, la STS 951/2023, de 21 de diciembre, contempla que los emisores de facturas falsas respondan como cooperadores necesarios aunque sus propias facturas no alcancen individualmente los 120.000 €.
No de forma automática. El juez puede suspender la ejecución, normalmente con garantía. Solo de manera excepcional puede dispensar total o parcialmente esa garantía si aprecia posibles daños irreparables o de muy difícil reparación.
