Si a usted o a un familiar le reclama otro Estado, un abogado de extradición en España necesita saber primero qué vía se aplica: la extradición pasiva o la euroorden. Esa vía fija quién decide, qué plazos corren y qué motivos de oposición pueden alegarse, todo ello conforme a la Ley 4/1985, la Ley 23/2014 y los textos publicados en el BOE.
La respuesta depende del Estado que reclama. Una petición de un país de fuera de la Unión Europea abre una extradición, en la que intervienen jueces y Gobierno. En cambio, si la orden procede de una autoridad judicial europea, el procedimiento es solo judicial. En los dos casos, el centro de gravedad está en la Audiencia Nacional.
La distinción entre extradición activa y pasiva depende de la dirección de la petición. La pasiva es la entrega que otro Estado solicita a España para juzgar a una persona o ejecutar su condena. La activa, en cambio, es la petición que España dirige al extranjero. A quien está en territorio español le afecta la primera, que se rige por la Ley 4/1985 y por el tratado aplicable.
Cuando reclama una autoridad judicial de la Unión Europea, la regla general es la orden europea de detención y entrega, o euroorden, regulada por la Ley 23/2014. El Reino Unido queda fuera de este régimen: sus nuevas reclamaciones siguen el título VII de la tercera parte del Acuerdo de Comercio y Cooperación UE–Reino Unido, en vigor desde el 1 de mayo de 2021.
| Origen de la reclamación | Vía aplicable | Norma de referencia |
| Estado de fuera de la Unión Europea | Extradición pasiva | Ley 4/1985 y tratado aplicable |
| Autoridad judicial de la Unión Europea | Euroorden | Ley 23/2014 |
| Reino Unido (nuevas entregas) | Régimen propio, no euroorden | Acuerdo UE–Reino Unido, título VII de la tercera parte (desde el 1 de mayo de 2021) |
Fuera del ámbito europeo, el artículo 13.3 de la Constitución admite la extradición en España conforme a un tratado o a la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Por eso la falta de tratado bilateral no basta, por sí sola, para descartar una solicitud de extradición.
A partir de ahí, conviene comprobar tres datos: el país requirente, el tratado vigente y los hechos concretos. Entre los tratados internacionales que publica el BOE figuran el Convenio Europeo de Extradición de 1957, ratificado por España en 1982, y tratados bilaterales con Argentina, Estados Unidos, México y Marruecos. Una extradición a Estados Unidos, por tanto, se examina conforme a su tratado, aunque esta relación no es un listado cerrado de países.
Frente a una idea extendida, una notificación roja de INTERPOL no autoriza la entrega. Lo que hace es pedir cooperación policial para localizar a la persona y solicitar su detención provisional según el derecho nacional. Del mismo modo, puede haber una extradición sin que exista esa notificación.
La Audiencia Nacional conoce de la extradición pasiva con independencia del lugar de España donde se encuentre la persona. Su Sala de lo Penal decide si la entrega es judicialmente procedente, sin volver a juzgar el delito extranjero. Una denegación judicial firme impide la entrega; un pronunciamiento favorable, en cambio, todavía permite al Gobierno denegarla por motivos legales. En la euroorden decide inicialmente la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, o la Sección de Menores cuando se trata de un menor, y la apelación corresponde a la Sala de lo Penal. Desde el 31 de diciembre de 2025, estas secciones sustituyen a los antiguos Juzgados Centrales, aunque algunas leyes conservan esa denominación. Antonio Rodas Abogado presta defensa penal ante la Audiencia Nacional en estos procedimientos.
La detención es el momento en que se fija el marco de la defensa. Lo que la persona reclamada sepa, declare o solicite en esas primeras horas condiciona tanto la oposición a la entrega como la decisión sobre su libertad.
Usted necesita saber qué Estado y qué autoridad le reclaman, si se pretende juzgarle o ejecutar una condena, qué hechos y fechas se le atribuyen y cuál es la resolución de origen. El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a informarle de inmediato y por escrito, en una lengua que comprenda, de los motivos de la detención y de sus derechos. Ese mismo artículo reconoce además:
También puede designar abogado o pedir uno de oficio, solicitar intérprete y entrevistarse reservadamente con su letrado incluso antes de declarar, con las excepciones legales. La policía comunica el encargo de inmediato al Colegio de la Abogacía, y el abogado debe acudir como máximo en 3 horas. Antonio Rodas Abogado presta asistencia al detenido en Badajoz y en todo el territorio nacional.
Una vez designada la defensa, se discute la situación personal del reclamado, que es una cuestión distinta de la entrega. Oponerse a la extradición no supone quedar en libertad: la prisión provisional o la libertad durante el expediente se resuelven aparte. En la extradición pasiva, la Ley 4/1985 permite comparecencias periódicas, retirada del pasaporte y fianza; incumplirlas puede conducir a prisión.
En la euroorden, el juez acuerda prisión o libertad con las medidas necesarias y proporcionadas para asegurar la disponibilidad de la persona, según el artículo 53 de la Ley 23/2014. Esas resoluciones son apelables ante la Sala de lo Penal, con vista si alguna parte la pide.
La clave está en documentar el arraigo: domicilio, trabajo, vínculos familiares, responsabilidades de cuidado y estado de salud. Esa prueba apoya la petición de una medida menos gravosa, aunque no garantiza la libertad por sí sola. Quien conoce la reclamación antes de ser detenido puede reunir esos documentos y valorar con su abogado una presentación voluntaria ante la Audiencia Nacional, que puede evitar una detención sorpresiva.
Si la detención es ilegal o se prolonga ilegalmente, el detenido, su abogado y determinados familiares pueden solicitar habeas corpus. Una vez incoado, el juez resuelve en 24 horas, según la Ley Orgánica 6/1984. Este mecanismo no sustituye el recurso contra la entrega.
Las fases del procedimiento difieren según la vía. El procedimiento de extradición pasiva alterna tramos gubernativos y judiciales, mientras que la euroorden avanza solo ante el juez y con plazos más cortos.
El procedimiento de extradición pasiva puede empezar con una detención preventiva urgente, antes incluso de la demanda formal. En ese caso, el reclamado queda a disposición del órgano central de instrucción de guardia en un máximo de 24 horas. Si la solicitud formal no llega en 40 días, cesa la prisión provisional por esa causa, aunque puede llegar una petición posterior. Esa solicitud debe incluir, según el artículo 7 de la Ley 4/1985:
Recibida la documentación, el Ministerio de Justicia dispone de 8 días para elevar su propuesta. El Gobierno tiene después 15 días para decidir si continúa la vía judicial y, si no resuelve, Justicia lo hace en los 3 días siguientes. Tras una detención urgente, esta fase admite hasta 40 días adicionales; si todo empezó con la petición formal, la prisión cesa cuando el juez no recibe el acuerdo en 40 días.
Superada la fase gubernativa, llega la comparecencia, con el reclamado, su abogado, la Fiscalía e intérprete si es necesario. Se le pregunta si consiente u opone, y el auto se dicta en las 24 horas siguientes. El juez puede pedir información complementaria con un plazo máximo de 30 días, conforme al artículo 12 de la Ley 4/1985. Contra ese auto cabe reforma en 3 días desde la notificación.
Frente a una oposición, Fiscalía y defensa examinan el expediente 3 días sucesivos cada una. La Sala de lo Penal señala la vista dentro de los 15 días siguientes y resuelve en 3 días improrrogables; contra su auto cabe súplica, también en 3 días. Si la extradición se declara procedente y el Gobierno acuerda la entrega, se fijan su lugar y su fecha. Cuando el Estado requirente no recoge a la persona, esta podrá ser liberada a los 15 días y deberá serlo a los 30.
La euroorden comprime esos tiempos. El adulto detenido pasa a disposición judicial en un máximo de 72 horas; el menor desde los 14 años, en 24 horas ante el órgano central de menores. La audiencia se celebra dentro de las 72 horas posteriores. Allí, el consentimiento debe ser libre e informado y es irrevocable; renunciar a la especialidad exige una declaración separada, según los artículos 50 y 51 de la Ley 23/2014.
Con consentimiento y sin causa de denegación, el auto de entrega se dicta en 10 días y no admite recurso. Sin él, la vista se celebra en 3 días desde su convocatoria y el juez resuelve en 10; cabe apelación preferente en 5 días. La resolución firme debe llegar en 60 días desde la detención, ampliables 30, aunque su vencimiento no deniega automáticamente. La entrega material se hace en 10 días, con otro plazo de 10 si una causa ajena la impide; vencidos los plazos sin recepción, procede la libertad.
La diferencia entre un sobreseimiento y una condena se juega en el juicio; en una entrega, el resultado depende de los requisitos legales y de las causas de denegación. Evitar una extradición exige alegarlas con precisión y apoyarlas en prueba.
El artículo 2 de la Ley 4/1985 exige, como regla, que los hechos sean delito en ambos Estados y estén castigados con pena privativa de libertad de máximo no inferior a 1 año. Para ejecutar una condena, esta no puede ser inferior a 4 meses, con una regla de extensión si la petición incluye varios hechos. La misma ley contempla otros obstáculos:
El artículo 13.3 de la Constitución excluye además los delitos políticos, sin considerar político el terrorismo. En la euroorden, en cambio, las categorías del artículo 20 de la Ley 23/2014 castigadas con un máximo de al menos 3 años no pasan control de doble tipificación. Fuera de ellas, puede exigirse delito en España con pena máxima de al menos 12 meses, o condena no inferior a 4 meses.
España no extradita a sus nacionales, previa comprobación de la nacionalidad y de su posible adquisición fraudulenta, según la Ley 4/1985 de Extradición Pasiva. Si se deniega por ese motivo o por competencia española y el Estado de los hechos lo pide, el Gobierno informa a la Fiscalía. Del mismo modo, haber sido juzgado o estar siéndolo en España por los mismos hechos puede impedir la entrega.
En la euroorden, una resolución firme por esos hechos puede fundamentar la denegación y un procedimiento español pendiente es motivo potestativo. A ello se suman los defectos de identidad, motivación o documentación, que la defensa debe concretar; la STC 17/2024 exige controlarlos, junto con la proporcionalidad de la privación de libertad. También se revisan formulario, inmunidad, edad penal e indulto.
La prescripción o extinción de la responsabilidad penal, según el derecho español o el del Estado requirente, puede impedir la extradición pasiva. Las alegaciones de persecución por raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas requieren circunstancias individualizadas y pruebas, como exige la STC 32/2003.
Ese mismo estándar rige para los riesgos de pena de muerte, tortura o tratos inhumanos, tribunal de excepción y falta de garantías procesales, todos ellos vinculados a los derechos humanos del reclamado. El asilo reconocido merece examen; una mera solicitud de protección internacional, en cambio, no basta para denegar la extradición.
Frente a una condena dictada en ausencia, la extradición pasiva puede condicionarse a un nuevo juicio, y el artículo 49 de la Ley 23/2014 permite denegar la euroorden salvo garantías de notificación y nuevo juicio o recurso. Por su parte, el principio de especialidad limita el enjuiciamiento por hechos anteriores distintos, y su renuncia merece una valoración separada.
Los motivos expuestos solo prosperan si alguien los identifica a tiempo. Un abogado penalista con práctica en extradición internacional conoce una lógica distinta de la del juicio ordinario, como se señaló al tratar la competencia de la Audiencia Nacional.
Un abogado penalista especializado en extradición identifica el régimen aplicable, revisa la orden y sus traducciones y comprueba identidad, hechos, fechas, penas, tratado y causas de oposición. En la práctica procesal, la oposición puede apoyarse en resoluciones previas sobre los mismos hechos y en pruebas de riesgos individualizados para los derechos fundamentales. Al comparar abogados expertos en extradiciones, conviene preguntar:
Esa coordinación importa porque las cuestiones de fondo de la resolución extranjera se recurren, por regla general, en el Estado emisor. En España, en cambio, la defensa controla la legalidad de la entrega dentro del derecho penal de la cooperación internacional.
Agotada la súplica, pueden valorarse según el caso un incidente de nulidad, un recurso de amparo o una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Antonio Rodas Abogado asume desde Badajoz la defensa en extradición y euroorden ante la Audiencia Nacional en toda España, se desplaza a Madrid cuando el caso lo exige y presta asistencia al detenido las 24 horas. El despacho estudia cada caso, valora inicialmente sus posibilidades y coordina la representación con procurador; la sede del abogado no altera el órgano competente.
Para una valoración urgente, facilite citaciones, resoluciones y solicitudes recibidas, el país reclamante y cualquier dato sobre una detención próxima. En una euroorden, además, se le informará del derecho a designar abogado en el Estado emisor, que apoya al defensor en España sin sustituirlo.
Los honorarios se pactan libremente, según el Estatuto General de la Abogacía. La Ley Orgánica 5/2024 le reconoce el derecho a pedir una hoja de encargo con presupuesto previo que delimite fases, recursos, coordinación exterior y gastos previsibles.
Si opta por el turno de oficio, tenga en cuenta que la designación inmediata no equivale al reconocimiento de justicia gratuita. La asistencia inicial no exige probar antes la falta de recursos, pero puede tener que abonarse si después se deniega. Pueden pedirla españoles, ciudadanos europeos y extranjeros presentes en España que acrediten insuficiencia de recursos, según la Ley 1/1996.
Esa misma ley fija umbrales de 2 veces el IPREM sin unidad familiar y de 2,5 veces para unidades de menos de 4 miembros. Para unidades de 4 o más miembros o familias numerosas, el límite es de 3 veces, y se valoran también patrimonio y circunstancias familiares. La solicitud no suspende por sí sola los plazos, aunque puede acordarse para evitar indefensión.
Antonio Rodas Abogado aconseja no consentir sin haber valorado antes los motivos de oposición. En la euroorden, el consentimiento debe ser libre e informado y es irrevocable, según el artículo 51 de la Ley 23/2014. La renuncia al principio de especialidad exige una declaración separada, cuyas consecuencias conviene valorar también.
Pueden fundamentar la oposición cuando existe riesgo de trato inhumano o degradante por las condiciones de detención. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga a comprobar las condiciones reales de encarcelamiento antes de acordar la entrega. Por eso, Antonio Rodas Abogado aconseja reunir documentación sobre las prisiones de destino.
