El tiempo de retirada del carnet por alcoholemia depende de la vía que siga el caso. La vía administrativa impone multa y pérdida de puntos. En cambio, la condena penal priva del derecho a conducir durante más de un año y hasta cuatro. El cómputo de la pena, la conformidad y los trámites de recuperación determinan después la fecha real en que puede volver a conducir.
No existe un plazo único. Hay que distinguir la sanción administrativa, que resta puntos sin fijar meses de retirada, de la pena impuesta por un juez. Esta última priva del derecho a conducir durante el tiempo que marca la sentencia. Todo empieza por la tasa medida y por el tipo de conductor.
El artículo 20 del Reglamento General de Circulación fija límites distintos según el perfil del conductor. A partir de ese límite, cualquier exceso constituye una infracción y la tasa concreta determina el tramo de la sanción:
Cuando el exceso se queda en infracción administrativa, la cuantía de la multa y la retirada de puntos por alcoholemia dependen del tramo en que se sitúe el positivo en alcohol, según la DGT.
| Límite aplicable | Tasa en aire espirado | Multa | Puntos |
| General (0,25 mg/l) | Más de 0,25 y hasta 0,50 mg/l | 500 € | 4 |
| General (0,25 mg/l) | Más de 0,50 mg/l | 1.000 € | 6 |
| Especial (0,15 mg/l) | Más de 0,15 y hasta 0,30 mg/l | 500 € | 4 |
| Especial (0,15 mg/l) | Más de 0,30 mg/l | 1.000 € | 6 |
Ahora bien, la pérdida de puntos no equivale a perder el carnet por puntos. Mientras le quede saldo, un curso parcial de al menos diez horas permite recuperar hasta cuatro puntos, una vez cada dos años o una vez al año si es profesional, según la DGT. Desde el día siguiente a la notificación dispone de veinte días naturales para pagar con una reducción del 50 % o presentar alegaciones. Si paga con descuento, renuncia a alegar.
El artículo 379.2 del Código Penal tipifica el delito de alcoholemia cuando se conduce con una tasa de alcohol superior a 0,60 mg/l en aire espirado o a 1,2 g/l en sangre. También hay delito por debajo de esas cifras si se acredita que el alcohol influyó en la conducción.
Una medición de exactamente 0,60 mg/l no supera el umbral objetivo. Por encima de él, la acusación debe probar la conducción y la tasa, pero no una conducción anómala. Frente a eso, rebasar solo el límite administrativo no basta para afirmar el delito. Si hay indicios penales, el artículo 31 de la Ley 40/2015 impide imponer además una sanción administrativa por el mismo hecho, contra la misma persona y con el mismo fundamento.
Una vez establecido el delito, la consecuencia sobre el permiso cambia de escala. Una sola condena por el artículo 379.2 conlleva obligatoriamente la retirada del carnet por alcoholemia para vehículos a motor y ciclomotores. Dura más de un año y hasta cuatro, aunque no haya reincidencia.
Dentro del margen de más de un año a cuatro, el juez fija la duración concreta. En ella pueden influir la conformidad y las circunstancias del caso, como un accidente o una condena anterior.
El artículo 379.2 obliga al juez a elegir una sola pena principal. La prisión va de tres a seis meses y la multa penal, de seis a doce meses. Los trabajos en beneficio de la comunidad abarcan de 31 a 90 días. A cualquiera de ellas se añade siempre la privación del derecho a conducir, elemento fijo de las penas por el delito de alcoholemia.
La multa se calcula en días-multa: cada mes equivale a 30 días, con una cuota diaria de entre 2 y 400 € según ingresos, patrimonio y cargas. En la sentencia penal, el juez gradúa la privación según el hecho y su autor, por lo que la tasa no impone el mismo plazo a todos. La prisión puede suspenderse motivadamente durante dos a cinco años, pero la privación del derecho a conducir no se suspende del mismo modo.
La conformidad en un juicio rápido puede reducir en un tercio la pena solicitada si se cumplen los requisitos del artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así, doce meses de privación pasarían a ocho, cifra que no es un plazo automático. Aceptarla no es obligatorio: supone una condena con sus consecuencias, incluidos posibles antecedentes penales, y la duración impuesta se puede recurrir por las vías procesales correspondientes.
Antes de decidir, la clave está en valorar la prueba. Antonio Rodas Abogado revisa el atestado, las dos mediciones separadas al menos diez minutos y el etilómetro con su verificación periódica anual, como parte de su servicio de defensa penal en alcoholemia. Una posible irregularidad se analiza por su efecto real sobre la fiabilidad del resultado.
La reincidencia penal exige una condena anterior relevante, y una sanción administrativa previa no basta. Tampoco una segunda alcoholemia impone automáticamente cuatro años de privación ni una pena de prisión concreta.
La situación cambia en los accidentes de tráfico con lesiones constitutivas de delito. En esos casos pueden aplicarse el artículo 382 del Código Penal y la responsabilidad civil, y las consecuencias dejan de depender solo de la tasa detectada.
Negarse a las pruebas tras el requerimiento de un agente es un delito autónomo del artículo 383 del Código Penal. Se castiga con prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir de uno a cuatro años. Además, la negativa no impide investigar también la conducción bajo la influencia del alcohol.
El día del control no marca el inicio de la pena. El cómputo depende de resoluciones judiciales concretas y de las medidas adoptadas antes del juicio. Mientras la prohibición siga vigente, usted no puede conducir.
El inicio y el final de la retirada judicial constan en la sentencia penal firme y en la liquidación de condena o las resoluciones de ejecución. No se calculan sumando meses al día del control. Entregar el carnet o comparecer en el juicio tampoco fija por sí solo el comienzo del plazo legal.
Una vez firme, la retirada del carnet de conducir por sentencia judicial se cumple de forma continuada durante el periodo fijado. El juzgado requiere la entrega del permiso y comunica la prohibición a la DGT para que la anote.
Otra cosa es la intervención material del carnet por los agentes. Puede impedirle continuar la marcha, pero no equivale a una condena ni a la pérdida definitiva de la autorización. Su alcance se comprueba en el acta y en las resoluciones posteriores.
Antes de la sentencia, el juzgado puede acordar mediante auto una privación cautelar, que no se aplica automáticamente a toda persona investigada. Si existió, el posible abono a la pena debe constar en la ejecución, conforme al artículo 58 del Código Penal. En la vía administrativa, el artículo 72 de la Ley de Tráfico permite suspender cautelarmente el permiso en ciertos procedimientos de pérdida de vigencia. Exige resolución motivada y grave peligro para el tráfico, y no se aplica a toda denuncia.
Necesitar el coche para trabajar no crea una excepción a la privación judicial. Volver a conducir durante ella puede constituir el delito del artículo 384 del Código Penal. Lo mismo ocurre si conduce después de perder la vigencia por agotamiento de puntos.
Ese quebrantamiento de la prohibición se castiga con una sola de tres penas alternativas. La prisión va de tres a seis meses y la multa, de doce a veinticuatro meses. La tercera opción son trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.
Cumplir el tiempo de privación no basta para recuperar el carnet. Los requisitos cambian según la duración de la condena: si llega como máximo a dos años o si supera ese límite.
Una privación judicial de hasta dos años, incluidos exactamente dos, no causa por sí sola la pérdida de vigencia del permiso de conducir. En ese caso, para volver a conducir se aplican estas reglas:
Aun así, aprobar el curso antes de tiempo no le autoriza a conducir mientras dure la prohibición. Tampoco puede hacerlo si existe otra causa que lo impida.
Según el artículo 47 del Código Penal, una privación superior a dos años comporta la pérdida de vigencia. Una condena de dos años y un mes exige cumplirla y obtener después una nueva autorización. Según la DGT, para ello hay que superar el curso de recuperación, una prueba de conocimientos y una evaluación de aptitud psicofísica.
El nuevo permiso comienza con ocho puntos. La tasa de 28,87 € que indica la DGT corresponde a este trámite de recuperación por pérdida de vigencia y no se aplica a todas las condenas.
Desde el 4 de noviembre de 2024, la Orden INT/914/2024 fija una duración mínima de veinte horas para el curso de sensibilización y reeducación vial de recuperación. Debe impartirse en un centro autorizado. Este curso de reeducación incluye formación sobre seguridad vial, y solo algunos ciclos complementarios de cuatro horas pueden hacerse en línea. Si se exige examen, debe aprobarse en los dos años siguientes al curso. Tras un suspenso caben dos convocatorias más, cada una precedida por un ciclo de cuatro horas.
La vía administrativa sigue su propio calendario. Si el saldo llega a cero, la DGT abre el procedimiento por agotamiento de puntos y concede diez días para alegar. Una vez notificada la pérdida de vigencia, no puede conducir. Tras la primera pérdida total, la espera para obtener otro permiso es de seis meses, o de tres si es profesional. En una segunda pérdida prevista por la ley sube a doce o seis meses, además del curso y el examen.
Haber terminado el curso, pagado una tasa o conservar físicamente el carnet no le autoriza a conducir mientras siga vigente la privación o falte la autorización exigida. Recuperar puntos con un curso administrativo tampoco extingue una privación judicial, que se cumple durante todo el tiempo fijado por el juez.
La conducción temeraria con alcohol, castigada por el artículo 380 del Código Penal, conlleva una privación del derecho a conducir de más de un año y hasta seis. Si hay manifiesto desprecio por la vida de los demás, el artículo 381 eleva la privación a un periodo de seis a diez años, con cualquier tasa.
