La diferencia entre delito y falta ya no existe en el Código Penal. Desde el 1 de julio de 2015, las antiguas faltas se reparten entre delitos leves, otras figuras penales y conductas que ya no tienen relevancia penal. Si usted está denunciado o ha sufrido un perjuicio, lo que cuenta es cómo se califica hoy el hecho: de eso dependen la pena, los antecedentes, la prescripción y el órgano que lo juzga.
En el derecho penal español actual, la falta ya no es una categoría propia. Cualquier hecho castigado por la ley es un delito, y su gravedad depende de la pena que el legislador le asigna. Por eso, la antigua distinción se ha convertido en una clasificación interna: delitos leves, menos graves y graves.
El artículo 10 del Código Penal define los delitos como acciones u omisiones, dolosas o imprudentes, castigadas por la ley. Por tanto, una conducta dañina no es delito por sí sola. Antes de la reforma de 2015, la falta era una infracción penal de menor entidad que el delito y tenía su propia regulación dentro del Código.
Todo cambió con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que suprimió las faltas y eliminó el Libro III del Código Penal. Desde entonces, la clasificación de un delito como leve, menos grave o grave sigue los artículos 13 y 33, en función de la pena prevista.
| Aspecto | Antes del 1 de julio de 2015 | Desde el 1 de julio de 2015 |
| Categorías de infracción penal | Delitos y faltas | Solo delitos: leves, menos graves y graves |
| Regulación de las infracciones menores | Libro III del Código Penal | Libro III suprimido por la Ley Orgánica 1/2015 |
| Criterio de clasificación | Menor entidad de la falta frente al delito | Pena asignada por la ley (artículos 13 y 33) |
No todas las antiguas faltas se convirtieron en delitos leves. Algunas pasaron a otras figuras penales y otras dejaron de castigarse. En las lesiones, el artículo 147.2 recoge las que no necesitan tratamiento médico o quirúrgico posterior, y el 147.3 el golpe o maltrato de obra sin lesión. El tipo básico del delito de lesiones, en cambio, sí exige ese tratamiento y castiga con prisión de tres meses a tres años o con multa. Esa multa va de seis a doce meses.
Lo mismo ocurre con los delitos contra el patrimonio: la cuantía orienta la calificación, pero no la decide por sí sola. El artículo 234.2 recoge el hurto de cuantía no superior a 400 €, aunque las agravantes y la reiteración pueden cambiar su calificación. Con las amenazas y coacciones leves sucede algo parecido: hay que examinar el tipo penal y el contexto antes de calificarlas.
Como la equivalencia no es automática, hay que saber qué conductas salieron del catálogo penal. Las injurias leves dejaron de ser delito como regla general. La desobediencia leve dejó de castigarse como infracción autónoma, y algunas antiguas faltas del ámbito familiar también desaparecieron del Código Penal.
La Ley Orgánica 1/2026, vigente desde el 10 de abril de 2026, introdujo nuevos cambios. Modificó el tratamiento de determinados hurtos y de la estafa leve reiterada, y creó un supuesto agravado para la sustracción de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos. La clave está en los requisitos del tipo aplicable: ni el valor del objeto ni un segundo hecho leve fijan por sí solos la pena.
Si los hechos son anteriores al 1 de julio de 2015, revise la fecha, el régimen transitorio y, cuando proceda, la ley penal más favorable. Por su parte, la expresión «delito de faltas» no es una denominación jurídica vigente: mezcla dos categorías, y una de ellas ya no existe.
Muchas antiguas faltas son hoy delitos leves, y una condena por ellos tiene consecuencias legales concretas. La pena, la indemnización, los antecedentes y la prescripción siguen reglas propias, distintas de las que se aplican a un delito grave.
Entre las penas del delito leve, el artículo 33 del Código Penal vigente incluye las multas de no más de tres meses. Las penas privativas de libertad funcionan de otra manera: la prisión es pena grave o menos grave según su duración.
El importe total de la sanción resulta de multiplicar la duración por la cuota diaria. Por eso, dos personas condenadas por el mismo delito pueden pagar cantidades distintas. Las costas, por su parte, dependen de las reglas aplicables y de lo que decida la resolución judicial.
Una condena firme por delito leve puede quedar inscrita como antecedente. En cambio, ni una denuncia ni una investigación sin condena firme generan antecedentes penales. Según el artículo 136, para las penas leves el plazo de cancelación es de seis meses. Ese plazo se cuenta desde el día siguiente a la extinción de la pena, siempre que se cumplan los demás requisitos legales.
Además, el artículo 22.8 excluye los antecedentes por delitos leves de la agravante general de reincidencia. En la práctica procesal, esa exclusión no alcanza a las reglas específicas de multirreincidencia, que sí pueden tenerlos en cuenta.
Como regla general, el artículo 131.1 fija en un año la prescripción de los delitos leves. Con el régimen anterior a 2015, las faltas prescribían normalmente a los seis meses. Ese año no se cuenta sin más desde el día de los hechos, porque las actuaciones previstas en el artículo 132 pueden interrumpir el cómputo.
La prescripción de la pena es otra cuestión. Según el artículo 133, la pena leve firme prescribe, como regla general, al año. Este plazo no debe confundirse con la prescripción del delito ni con la cancelación de antecedentes.
Una vez calificado el hecho como delito leve, hay que saber quién lo juzga y por qué vía. La reorganización judicial de 2025 y las normas propias de este procedimiento influyen en todo el proceso, desde la citación hasta el recurso.
Como regla general, el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala como juzgado competente para los delitos leves la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia que corresponda. Esta denominación procede de la Ley Orgánica 1/2025, que entró en vigor con carácter general el 3 de abril de 2025, con calendarios específicos de implantación.
Desde el 1 de julio de 2015, los hechos que constituyen delito leve se tramitan mediante el juicio por delito leve de los artículos 962 a 977 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este procedimiento es distinto del cauce de los juicios rápidos. Puede empezar por un atestado policial o por una denuncia.
En ciertos supuestos, el artículo 962 permite a la Policía Judicial citar de inmediato a las partes. Por su parte, el artículo 963 admite el sobreseimiento de hechos de escasa gravedad y sin interés público relevante, siempre que se cumplan sus requisitos. La diferencia entre un sobreseimiento y una condena se juega en esta fase inicial.
Si el asunto llega a juicio, en la vista se practican las pruebas admitidas y el juez dicta una sentencia condenatoria o absolutoria. El plazo general para apelarla es de cinco días, según el artículo 976. Se cuenta a partir de la notificación y conforme a las reglas procesales.
Al recibir la citación, compruebe si comparece como denunciante, como denunciado o como testigo. La denuncia no prueba por sí sola la culpabilidad, así que conviene reunir documentos, conversaciones completas, fotografías, partes médicos y datos de testigos. No acudir tampoco suspende necesariamente la vista: el artículo 967.2 prevé una multa procesal de 200 a 2.000 € para quien, estando citado, no comparezca sin causa justa.
Con carácter general, la intervención de abogado y procurador no es obligatoria. Sin embargo, el artículo 967.1 aplica las reglas generales de defensa y representación cuando la multa prevista tiene un límite máximo de al menos seis meses. Además, el artículo 6.3.b) de la Ley 1/1996 permite que el juzgado acuerde asistencia letrada según las circunstancias. Antonio Rodas Abogado ofrece defensa en juicios por delito leve en Badajoz.
El juicio de faltas era el procedimiento de las antiguas faltas hasta el 1 de julio de 2015. Desde entonces, los hechos que constituyen delito leve se tramitan mediante el juicio de los artículos 962 a 977 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es más sencillo que el procedimiento ordinario y puede concentrarse en una sola vista, pero sigue siendo un juicio penal con derecho de defensa y prueba.
No hay un plazo único: la citación, las pruebas pendientes, la localización de testigos y los recursos pueden alargar la duración total. Si hay un motivo justo para no celebrar o no terminar el juicio en la fecha prevista, el artículo 968 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a fijarlo para la fecha más próxima posible y, en todo caso, dentro de los siete días siguientes.
