
Soy Antonio Rodas, y como abogado penalista especializado en el exceso de velocidad delictivo, puedo ayudarte a conseguir el mejor resultado posible en tu caso.
Sé lo difícil que puede ser enfrentarse a un proceso penal por el exceso de velocidad delictivo. Las implicaciones pueden ser graves, afectando a todos los aspectos de tu vida, desde tus relaciones personales hasta tu carrera profesional.
Sin embargo, no tienes por qué enfrentarte a esto solo. Como experto en este campo del derecho penal, tengo la experiencia y conocimientos necesarios para defender tus derechos y luchar por la mejor resolución de tu caso.
El exceso de velocidad deja de ser una infracción administrativa para convertirse en delito cuando se supera en más de 60 km/h el límite en vía urbana o en más de 80 km/h en vía interurbana.
Es uno de los delitos contra la seguridad vial que con más frecuencia sorprende al conductor, que no siempre es consciente de haber cruzado el umbral penal.
Este delito se comete al circular superando los límites de velocidad en los márgenes que el Código Penal fija como penalmente relevantes, con independencia de que se produzca un peligro concreto.
Está tipificado en el Código Penal español en el artículo 379.1, dentro de los delitos contra la seguridad vial.
Estos casos exigen valorar la fiabilidad de la medición, la homologación y calibración del cinemómetro y la identificación del conductor, aspectos que pueden resultar decisivos para la defensa.
Como abogado penalista, analizo cada caso para cuestionar la prueba de la velocidad y articular la mejor defensa posible.

Este delito presenta varias claves que conviene conocer. Las principales son:
Superar en más de 60 km/h en vía urbana o en más de 80 km/h en vía interurbana convierte el exceso en delito conforme al artículo 379.1.
La validez de la prueba depende de la homologación y calibración del cinemómetro empleado.
Es necesario acreditar quién conducía el vehículo en el momento de la medición.
Este delito se castiga con penas de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad, junto con la privación del derecho a conducir. La condena genera antecedentes penales, con su consiguiente impacto personal y laboral.
La prueba en estos casos se apoya en la medición de la velocidad. Entre los elementos relevantes figuran:
El registro de la medición y los certificados de homologación y calibración del aparato.
Las diligencias que documentan la medición y las circunstancias de la vía.
Los elementos que acreditan quién conducía el vehículo.
Declaraciones de los agentes que realizaron la medición.