Soy Antonio Rodas, y como abogado penalista especializado en delitos de tráfico de influencias, puedo ayudarte a conseguir el mejor resultado posible en tu caso.
Sé lo difícil que puede ser enfrentarse a un proceso penal por delitos de tráfico de influencias. Las implicaciones pueden ser graves, afectando a todos los aspectos de tu vida, desde tus relaciones personales hasta tu carrera profesional.
Sin embargo, no tienes por qué enfrentarte a esto solo. Como experto en este campo del derecho penal, tengo la experiencia y conocimientos necesarios para defender tus derechos y luchar por la mejor resolución de tu caso.
Antes de abordar los delitos de tráfico de influencias, es fundamental comprender su significado. El tráfico de influencias consiste en influir sobre una autoridad o un funcionario público, prevaliéndose de una relación personal o jerárquica, para obtener una resolución que genere un beneficio económico para sí o para un tercero.
Se trata de uno de los delitos de corrupción que afectan al correcto funcionamiento de la Administración Pública, ya que pretende sustituir la objetividad y la imparcialidad por la presión de intereses privados.
Los delitos de tráfico de influencias se cometen cuando una autoridad, un funcionario público o un particular ejerce o se ofrece a ejercer influencia sobre quien tiene poder de decisión, con el fin de obtener una resolución favorable y un beneficio económico.
Estas conductas están tipificadas en el Código Penal español en los artículos 428 a 430, dentro de los delitos contra la Administración Pública. No es necesario que la resolución pretendida llegue a dictarse para que el delito se consume.
Estos procedimientos exigen delimitar cuándo una gestión o recomendación constituye una verdadera influencia con prevalimiento y cuándo se trata de una actuación lícita. La frontera es a menudo sutil y requiere un análisis técnico minucioso.
Como abogado penalista, examino la relación entre las partes, el elemento del prevalimiento y la finalidad económica para construir una defensa rigurosa frente a acusaciones de tráfico de influencias.
El Código Penal distingue varias modalidades de tráfico de influencias según quién sea el sujeto activo:
Cuando una autoridad o funcionario público influye en otro prevaliéndose del ejercicio de su cargo o de su relación personal o jerárquica, se aplica el artículo 428 del Código Penal.
El particular que influye en una autoridad o funcionario público prevaliéndose de una relación personal, con el fin de obtener un beneficio económico, responde conforme al artículo 429.
Quien se ofrece a realizar las conductas anteriores a cambio de dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o acepta su ofrecimiento o promesa, comete el delito previsto en el artículo 430, bastando el mero ofrecimiento.
El tráfico de influencias se castiga con penas de prisión, multa proporcional al beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como, en su caso, la prohibición de contratar con el sector público. Si se obtiene el beneficio perseguido, las penas se imponen en su mitad superior. Las personas jurídicas también pueden ser penalmente responsables de estos delitos.
La prueba es un elemento determinante en estos procedimientos. A continuación, algunas de las pruebas más habituales:
Correos, mensajes y conversaciones que pueden mostrar la gestión, la presión o el ofrecimiento de influencia sobre quien decide.
Expedientes, resoluciones y registros que permiten analizar el procedimiento y la eventual intervención irregular.
Informes que rastrean los pagos, dádivas o beneficios vinculados a la influencia ejercida o pretendida.
Declaraciones de funcionarios, intervinientes o terceros que aportan información sobre la relación y la finalidad de la gestión.
