Soy Antonio Rodas, abogado penalista en Badajoz. La falsificación de moneda es uno de los delitos con las penas más altas de todo el Código Penal, y no distingue entre quien fabrica los billetes y quien, a veces sin medir las consecuencias, los pone en circulación. Esa severidad obliga a defenderse con mucho cuidado.
Además, buena parte de estos asuntos se instruyen en la Audiencia Nacional, un terreno con reglas propias en el que he trabajado en procedimientos de gran complejidad. Conocer cómo se mueve esa instrucción es una ventaja para quien se enfrenta a una acusación de este tipo.
Si te investigan por un delito de falsificación de moneda o por poner billetes falsos en circulación, cuéntame tu caso y te diré con franqueza qué posibilidades reales tienes.
La falsificación de moneda no protege un patrimonio concreto, sino algo más amplio: la confianza colectiva en el dinero y la seguridad del tráfico económico. Cuando circula moneda falsa, el perjuicio no lo sufre una sola víctima, sino todo el sistema. Esa es la razón de que las penas sean tan elevadas y de que el delito esté atribuido, en muchos casos, a la Audiencia Nacional conforme al artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Se regula en el artículo 386 del Código Penal, dentro del título dedicado a las falsedades. El precepto castiga con prisión de ocho a doce años y multa del tanto al décuplo del valor aparente de la moneda a quien altera la moneda o fabrica moneda falsa, a quien la importa o exporta y a quien la transporta, expende o distribuye conociendo su falsedad. Si la moneda falsa se llega a poner en circulación, la pena se impone en su mitad superior.
El concepto de moneda es amplio: abarca los billetes y las monedas de curso legal, nacionales o extranjeros, y se extiende a las tarjetas de crédito y débito y a los cheques de viaje. La falsificación de efectos timbrados, como los sellos, se recoge en los artículos siguientes.
La ley gradúa la respuesta según la conducta. La simple tenencia de moneda falsa para expenderla o distribuirla se castiga con la pena inferior en uno o dos grados, atendiendo a su valor y al grado de connivencia con los falsificadores. Y hay un supuesto muy distinto: quien recibió la moneda de buena fe y, tras descubrir que era falsa, la vuelve a poner en circulación, responde con una pena mucho más leve —de tres a seis meses de prisión o multa, y solo multa si el valor no supera los cuatrocientos euros—.
La distancia entre una condena de ocho años y una respuesta penal leve depende, muchas veces, de un dato: qué sabía la persona sobre la falsedad de la moneda y con qué intención actuó. Ese elemento subjetivo rara vez es evidente y hay que reconstruirlo con la prueba. A ello se añade que muchos de estos asuntos se instruyen en la Audiencia Nacional, con sus propias dinámicas. Contar con un abogado que domine ambos planos es determinante.
La acusación debe probar elementos que no siempre se dan. Sobre ellos trabaja la defensa:
La pena del tipo básico —prisión de ocho a doce años y multa proporcional al valor de la moneda— es de las más graves del Código Penal. Cuando el delito se comete en el seno de una organización, el tribunal puede imponer además las consecuencias accesorias previstas para estas estructuras, y la persona jurídica implicada puede responder con multas de gran cuantía.
Por debajo del tipo básico existen, como se ha visto, respuestas mucho más leves para la tenencia y para la puesta en circulación de buena fe. Situar correctamente el caso en esa escala es lo que más influye en el resultado, y por eso conviene actuar con asesoramiento especializado desde el principio.
El caso suele decidirse en la prueba pericial y en la acreditación del conocimiento. Estas son las más habituales:
El informe que determina si la moneda es falsa y con qué grado de perfección, base de toda la calificación.
El material, los equipos o los billetes hallados, cuya obtención debe ampararse en resolución judicial y respetar la cadena de custodia.
Comunicaciones, movimientos y circunstancias que la acusación usa para acreditar que la persona sabía que la moneda era falsa.
Los informes de investigación policial, frecuentes en las causas instruidas por la Audiencia Nacional, que también se someten a análisis.
