Soy Antonio Rodas, abogado penalista en Badajoz. La explotación sexual, y muy especialmente la trata de seres humanos, reúne algunos de los delitos más graves de todo el Código Penal, con penas que pueden superar los quince años de prisión.
Son, además, causas de enorme complejidad: suelen instruirse con múltiples investigados, intervenciones telefónicas, testimonios de víctimas y, con frecuencia, la imputación de una organización criminal. Una defensa a la altura de ese escenario exige experiencia en procedimientos complejos y un dominio real de la prueba. He intervenido en asuntos de esta envergadura por toda España, incluida la Audiencia Nacional.
Si te investigan por un delito de explotación sexual o de trata, cuéntame tu caso cuanto antes. También asumo la defensa de los intereses de la víctima a través de la acusación particular.
La explotación sexual consiste, en esencia, en obtener un beneficio del ejercicio de la sexualidad de otra persona sin su libre consentimiento o aprovechando su situación de vulnerabilidad. Lo que se protege no es solo la libertad sexual, sino la dignidad de la persona como núcleo esencial de sus derechos.
En el Código Penal español la explotación sexual se aborda en varios planos que a menudo aparecen conectados: la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la explotación de la prostitución ajena y la explotación sexual de menores. El más grave, y el que actúa como puerta de entrada de muchos de estos procedimientos, es la trata.
La trata de seres humanos está tipificada en el artículo 177 bis del Código Penal y es el delito más severo de este ámbito. Castiga a quien capta, transporta, traslada, acoge o recibe a una persona empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad, con la finalidad de explotarla —entre otras formas, mediante la explotación sexual, incluida la pornografía.
La pena básica es de prisión de cinco a ocho años y multa. Cuando la víctima es menor de edad, se considera trata aunque no se hayan empleado esos medios coactivos, dada su especial protección. Y la pena se eleva de forma considerable, pudiendo superar los quince años, cuando concurren agravantes como la pertenencia a una organización criminal, la especial vulnerabilidad de la víctima, la puesta en peligro de su vida o su salud o la condición de menor.
Su regulación bebe de los grandes instrumentos internacionales en la materia, como el Protocolo de Palermo de 2000 y el Convenio de Varsovia de 2005, que España ha ratificado.
Es habitual confundir la trata con el proxenetismo, pero son delitos distintos. La trata (artículo 177 bis) castiga la captación, el traslado y la explotación de la persona. La explotación de la prostitución ajena (artículos 187 y 188) castiga el lucro obtenido de esa prostitución.
En muchos casos ambos aparecen encadenados: primero se capta y traslada a la víctima —la trata— y después se la explota en la prostitución. Cuando eso ocurre, los tribunales aplican un concurso de delitos, lo que multiplica las penas. Distinguir con precisión qué hechos integran cada figura es una de las claves de la defensa en estos procedimientos.
Cuando la explotación afecta a menores de edad, la respuesta penal es máxima. Además de la trata agravada, entran en juego la prostitución de menores del artículo 188 y la utilización de menores con fines pornográficos o en espectáculos exhibicionistas del artículo 189, con penas que se agravan de forma notable y llevan aparejada la inhabilitación para cualquier actividad que suponga contacto con menores.
Son procedimientos en los que la prueba es compleja y muchas veces indiciaria, lo que abre distintas líneas de defensa:
Hablamos de penas de prisión elevadas —de cinco a ocho años en la trata básica y muy superiores con agravantes—, a las que se suman el decomiso de las ganancias, los locales y los bienes empleados, una responsabilidad civil que puede alcanzar cifras muy altas y, tratándose de extranjeros, posibles consecuencias sobre su situación en España.
A todo ello se añaden los antecedentes penales y su enorme impacto vital. En delitos de esta gravedad, contar cuanto antes con una defensa especializada no es un lujo, sino una necesidad.
El resultado del procedimiento depende casi siempre de la prueba, que suele ser abundante pero indirecta. Las más frecuentes son:
A menudo la prueba central del caso; su credibilidad y corroboración son objeto de análisis detallado.
Comunicaciones entre los investigados y con las víctimas, siempre sujetas al control de su validez constitucional.
Los informes de las actuaciones de investigación, que también deben someterse a examen.
Transferencias, alojamientos, billetes de viaje y movimientos de dinero que permiten reconstruir la captación y el traslado.
