Soy Antonio Rodas, y como abogado penalista especializado en delitos de abuso de autoridad, puedo ayudarte a conseguir el mejor resultado posible en tu caso.
Sé lo difícil que puede ser enfrentarse a un proceso penal por delitos de abuso de autoridad. Las implicaciones pueden ser graves, afectando a todos los aspectos de tu vida, desde tus relaciones personales hasta tu carrera profesional.
Sin embargo, no tienes por qué enfrentarte a esto solo. Como experto en este campo del derecho penal, tengo la experiencia y conocimientos necesarios para defender tus derechos y luchar por la mejor resolución de tu caso.
Antes de tratar el abuso de autoridad, conviene precisar el concepto. El abuso de autoridad es la actuación de una autoridad o funcionario público que, prevaliéndose de su cargo, se extralimita en sus funciones o las ejerce de forma arbitraria en perjuicio de los ciudadanos.
No se trata de un tipo penal autónomo con un único artículo, sino de un comportamiento que el Código Penal sanciona a través de distintas figuras propias de los delitos cometidos por funcionarios públicos.
Bajo esta denominación se agrupan las conductas en las que un cargo público abusa de su posición: dictar resoluciones arbitrarias, vulnerar derechos de los ciudadanos o emplear su autoridad de forma desviada.
Estas conductas se canalizan principalmente a través de la prevaricación administrativa (artículo 404) y de los delitos cometidos por funcionarios públicos contra las garantías constitucionales (artículos 529 y siguientes). La pena varía según la figura aplicable.
Estos casos exigen delimitar la mera irregularidad administrativa de la conducta penalmente relevante, y determinar la figura aplicable, lo que requiere un profundo conocimiento del derecho penal y administrativo.
Como abogado penalista, analizo cada caso para valorar el alcance de la actuación y construir una defensa rigurosa, tanto en defensa del cargo público como del ciudadano afectado.
El abuso de autoridad se sanciona a través de distintas figuras del Código Penal. Las principales son:
La autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo responde conforme al artículo 404.
Los funcionarios que, abusando de su cargo, impidan a una persona el ejercicio de derechos cívicos responden conforme a los artículos 529 a 542.
El empleo de la autoridad para coaccionar o impedir el ejercicio de derechos puede integrar figuras específicas según las circunstancias del caso.
Estos delitos se castigan, según la figura, con penas de prisión, multa y, de forma característica, inhabilitación especial o suspensión para empleo o cargo público. A ello se suman la responsabilidad civil que proceda y los antecedentes penales.
La prueba en estos casos gira en torno a la actuación del cargo público y su arbitrariedad. Entre las más habituales figuran:
Resoluciones, expedientes e informes que reflejan la actuación cuestionada y su motivación.
Las normas que regulan la competencia y el procedimiento, frente a las que se valora la arbitrariedad.
Correos y registros que pueden mostrar la intención o el conocimiento de la injusticia.
Declaraciones de afectados, funcionarios o intervinientes que aportan información sobre los hechos.
